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 (I) - 5.1.1  Control of the media. Marked in Blue

(II) - 5.10.2.2  Institucional) - La DIS, the secret ¨ULTRA REPRESSIVE¨ POLICE of Laura Chinchilla, Oscar Arias and Rodrigo Arias.

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1 Derechos Civiles y Polticos


5.1.1 Evolucin histrica de la proteccin de los Derechos Civiles y Polticos en Costa Rica



Entendidos en trminos generales como garantas de proteccin, seguridad y participacin del ciudadano individual frente al Estado y frente al resto del conglomerado social

ESTAES UNA DEFINICIN MUY ESTRECHA E INDIVIDUALISTA. DE DNDE LA SACARON? DEBERAN CITAR LA FUENTE DE DONDE LA TOMARON. HAY MUY BUENAS CARACTERIZACIUONES EN LA LITYERATURADEL INSTITUTO INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS.. ; los DCP no han existido siempre

SIN EMBARGO DESDE SIEMPRE HA HABIDO LUCHAS POR LA VIGENCIA DE LOS DERECHOS HUMANOS. INCLUSO DESDE LA COLONIA. RECURDESE A BARTOLOM DE LAS CASAS Y A VITTORIA.

en Costa Rica ni ha sido siempre igual el nivel de respeto por parte del Estado ni la forma como los han podido ejercer los ciudadanos y las ciudadanas. Segn FUNDEHUCA, los DCP no se consolidan ni se plasman en la Constitucin Poltica sino hasta 1949 tras el resultado de la Guerra Civil de 1948

NOSOTROS NO HEMOS AFIRMADO ESO. ADEMS LA HUSTORIA ES TOTALMENTE CONTRARIA. ES CON LA CONSTITUCIN DE 1948 CUANDO SE PROSCRIBEN LOS SINDICATOS Y PARTIDOS QUE SE OPONAN AL SISTEMA. EL ARTCULO 98 ES CITADO ERRNEAMENTE COMO DE LA CONSTITUCIN ANTERIOR (SUPONEMOS QUE SE REFIERE A LA DE 1871) ESO NO ES AS, NI AS LO AFIRMAMOS. EL ARTCULO 98 DE LA CONSTITUCIN DE 1949 FUE ABOLIDO DESPUS DE LUCHAS POPULARES EN LA DCADA DEL SETENTA. CONTRARIO A LO QUE SE AFIRMA EN EL TEXTO, LAS MAYORES PERSECUCIONES, DESDE LA DICTADURA DE LOS TINOCO EN 1917, SE PRODUJERON DESPUS DEL FIN DE LOA GUERRA CIVIL DE 1948 (EXILIOS, CRCEL, ASESINATOS, PERSECUCIN PARA DIRIGENTES INTELECTUALES Y OBREROS)

En opinin de FUNDEHUCA, a partir de la fundacin de la Segunda Repblica y su respectiva Constitucin Poltica (1949), los DCP empiezan a fluir en dos direcciones fundamentales: los derechos electoralesy la libertad de expresin. Ambos profundamente relacionados con las causas del conflicto armado del ao 48.

Antes del 48, y an hasta finales de la dcada de los aos sesenta, la libertad de expresin sufra brutales censuras. Hasta ese momento la clausura de peridicos (principales medios de comunicacin de la poca) fue sumamente frecuente, y contravenir los intereses polticos y econmicos de los grupos ms poderosos fue siempre la causa ms comn. La Constitucin vigente hasta 1949 brindaba incluso un fundamento jurdico a tales violaciones, gracias a una interpretacin generalmente en su extremo ms restrictivo del artculo nmero 98, el cual fue reformado con la nueva Constitucin.

En general, en esta poca se consolida el dominio casi absoluto de los principales medios de comunicacin por parte de los grupos que conformaban la oligarqua nacional, la cual hunde sus races en el perodo colonial y el desarrollo principalmente- de la economa cafetalera

DESPUS DEL 48-49 LA OLIGRQUA YA NO ES SOLSAMENTER CAFRETALEERA PORQUE SE VUELVE MS DIVERSA, INCLUYENDO NUEVOS GRUPOS INDUSTRIALES EMERGENTES, MENOS DEMOCRATICOS QUE LOS CAFETALEROS.

. De esta manera se empieza a construir un discurso nico y hegemnico que, por lo dems, castiga de muy distintas formas los discursos alternativos o claramente disidentes. Los principales medios de comunicacin son simplemente propiedad privada de los miembros del bloque hegemnico, es decir, la clase poltico empresarial.

Este monopolio de la verdad ha llegado hasta nuestros das. FUNDEHUCA menciona como un ejemplo claro, los repetidos intentos por acallar y desacreditar la voz de las Universidades pblicas a travs de sus medios escritos, televisivos y radiales- en medio del debate reciente por la aprobacin del muy polmico Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.

La autonoma de los medios de comunicacin alternativos (bsicamente los que son propiedad de las universidades y de las distintas denominaciones religiosas) se ha venido recortando en los dos ltimos gobiernos. Entre ellos destaca el caso del Sistema Nacional de Radio y Televisin (SINART

DEBE EXPLICARSE QUE PAS CON ELO SINART. NOSTGROS LO RELATAMOS PROLIJAMENTE. HABLAMOS DE QUE EL NOTICIERO SE VOLVI TOTALMENTE CRTICO E INSPO. HABLAMOSA DEL CASO DELPROGRAMA DE ALVARO MONTERO MEJA Y LA CLASUSURA DE PROGRAMAS DE TELFONO ABIERTO EN LAS RADIOEMISORAS.

En fin, en nombre del derecho humano a la libertad de expresin, los medios de comunicacin hegemnicos creadores de opinin y en representacin de sectores especficos- echan mano incluso de los mecanismos existentes de proteccin de los derechos humanos para fortalecer su poder y su impunidad[1].

En el mbito de las libertades electorales, adems de repetidos escndalos por supuestos fraudes y manipulaciones; se considera necesario mencionar la condicin de ilegalidad con la que fueron sacadosdel escenario poltico partidista varias agrupaciones polticas ubicadas principalmente a la izquierda del espectro poltico

PERO TODO ESO FUE ANTES DE LOS SETENTA, ENAPLICACIN DERL ARTCULOO 98 DE LA CONSTITUCIN DE 1949. TAMBIN MENCIONAMOS LAS DUDAS SOBRE LA LIMPIEZA DE LAS LTIMAS ELECCIONES PRESIDENCIALOES Y, SOBE TODO, DEL REFERENDUM SOBE EL TLC.

. FUNDEHUCA insiste en que la reputacin actual del Tribunal Supremo de Elecciones hace olvidar un largo perodo en que fungi como una instancia ms bien represora de distintas manifestaciones polticas. Se cuenta que en el TSE se acostumbraba adicionar una leyenda a las boletas de inscripcin de algunos partidos polticos en la que se lea: comunista, y en algunos casos comunista reincidente.

Por otra parte, considerando que el derecho a la vida (incluyendo el derecho a la integridad fsica) forman parte importante del ncleo central de los DCP; en el pas se registran varias situaciones que comprometen estos derechos fundamentales.

Aclarando que no se cuenta con informacin que permita pronunciarse sobre la situacin actual, FUNDEHUCA indica que se cuenta con evidencia

SERA IMPORTANTE ACLARAR QUE ESA EVIDENCIA PROVIENE DE INFORMACIONES PBLICAS PERIODSTICAS EN DONDE SE INFORMA DE POLICAS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS CONDENADOS PR ESE TIPO DE HECHO Y ALGUNOS ABSUELTOS

de que en aos recientes hubo varios casos de torturas en contra de personas presuntamente delincuentes que eran detenidas por el Organismo de Investigacin Judicial (OIJ). Esto habra ocurrido en las propias celdas de este organismo judicial. Se destaca el caso, ocurrido hace ya varios aos, de un joven detenido por presuntamente liderar una banda de delincuentes que fue conocida popularmente como Los Chapulines; el cual fue torturado hasta la muerte por agentes de este organismo

EN REALIDAD LO DIJIMOS QUE FUE MUERTO POR UN GOLPE CON UN BATE DE BEISBOL

El derecho a la vida y a la integridad fsica es particularmente violentado cuando se trata de los siguientes grupos:

Personas privadas de libertad y mantenidas en las crceles; a pesar de que el nico derecho que ha sido suspendido a esta poblacin por ser encontrados culpables en un Tribunal es el derecho a la libertad de trnsito; FUNDEHUCA indica que en la prctica la privacin de libertad viene acompaada de maltrato, hacinamiento, abuso sexual y, en general, deplorables condiciones de vida. Nada de esto forma parte oficialmente de las penas impuestas, pero resultan propias de la permanencia en nuestros centros de detencin

ESTE TIPO DE SITUACIONES SE PRESENTAN TAMBIN EN ALGUNOS CENTROS DE DETENCION DE INMIGRANTES ILEGALES A ALGUNOS DE LOS CUALES SE LES VIOLENTA EL DEBIDO PROCESO PORQUE NO TIENEN ACCESO A LA DEFENSA PROFESIONAL, SE LES REQUISAN LOS DOCUMENTOS Y SE DEPORTAN SIN MS TRMITE.

Los peatones; quienes ven permanentemente amenazada su integridad fsica debido a una sostenida inaccin e impericia estatal que hace de las calles sin aceras, sin demarcacin, etc- espacios de verdadera y demostrado peligro para el trnsito de personas.

Vendedores en las calles; que vctimas del desempleo y el subempleo disean estrategias de subsistencia que involucran el uso del espacio pblico urbano. El conflicto generado por el uso del espacio urbano generalmente se resuelve mediante estrategias de persecucin, detencin y otras formas violentas de desalojo implementadas principalmente por la polica municipal.

Personas no cubiertas por el rgimen de seguridad social. Existe un grupo creciente de ciudadanos y ciudadanas cuya exclusin del sistema de seguridad social torna inaccesible la atencin mdica y/o el suministro de medicamentos, poniendo en alto riesgo su integridad fsica y sus vidas. Se indica que la negacin de la atencin mdica es particularmente frecuente en nios, nias y adolescentes miembros de familias no cubiertas por la seguridad social, personas migrantes y personas desempleadas. Si bien ltimamente

QUITAR LTIMAMENTE P0OR QUE ES IMPRECISO Y DECIR AL FINALES DE LOS NOVENTA

se determin que la Caja Costarricense del Seguro Social no pude negar la atencin mdica a trabajadores cuyos patronos hayan evadido sus cuotas correspondientes, FUNDEHUCA considera que aunque esta resolucin beneficia a los trabajadores como individuos tiene como consecuencia un debilitamiento general del sistema de salud pblica debido a una concesin injustificada al sector patronal, as como a la ineficiencia de la institucin para cobrar las cuotas principalmente de los patronos. Otra situacin que atenta contra el derecho a la vida y la integridad fsica es el hecho de que muchos trabajadores ytrabajadoras no pueden acceder al beneficio de la incapacidad por enfermedad o accidente debido a su condicin de interinos, so pena de perder sus trabajos.

Migrantes econmicos; Se indica que en la zona norte, en Los Chiles y en San Jos existen centros de detencin para los migrantes indocumentados en los que priva el hacinamiento, el maltrato, las amenazas, la retencin de documentos, humillaciones y otras violaciones. Segn los entrevistados, la entrada al pas de buena parte de estas personas sera facilitada por empresas del sector agroindustrial instaladas en el pas en conjunto con falsos funcionarios del Ministerio de Trabajo y utilizando documentos tambin falsos que dan a los trabajadores migrantes una ilusoria sensacin de legalidad. Estas mismas personas se encargan luego, en conjunto con autoridades de migracin, de la deportacin de estos trabajadores, muchas veces sin siquiera pagar por los trabajos realizados

EN UNA GRAN CANTIDAD DE CASOS, LOS INMIGRANTES ILEGALES SE LOES CONTRATA SIN GARANTIZARLES SUS DERECHOIS LABORALES COMO SALARIO MNIMO, JORNADAS DE OCHJO HORAS, VACACIONES, DERECHO AL PREAVISWO Y AL AUXILIO DE CESANTA. SE LES SUSPENDEN SUS CONTRATOS DE TRABAJO CAPRICHOSAMENTE.

Campesinado empobrecido y sin tierra; la concentracin de tierras en las zonas rurales por parte de empresas nacionales y transnacionales estara generando un creciente grupo de familias campesinasproletarizadas

EN LUGAR DE PROLETARIZADOS DECIR EMPOBRECIDOS

, sin tierras y expuestas a muy malas condiciones laborales. La lucha de estas familias por la tierra ha generado serios conflictos con los dueos legtimos: las grandes empresas agroindustriales. Tales enfrentamientos han llegado no pocas veces a ser altamente violentos. FUNDEHUCA asegura que al menos dos campesinos han muerto en los ltimos aos a manos de policas de la Fuerza Pblica ycuerpos policiales privados que resguardan los intereses de las empresas. Se trata de la muerte de Randall Muoz Jimnez, ocurrida el 20 de julio 2001 debido a graves complicaciones respiratorias producidas por los gases lacrimgenos arrojados por estos cuerpos policiales durante un enfrentamiento con los campesinos de la comunidad de Bambuzal. Asimismo, el 14 de junio del 2003, el campesinoGerardo Moya es acribillado por la espalda, presuntamente por agentes policiales no identificados. Moya era tambin un campesino de Bambuzal unido a otros en las manifestaciones tras ser desalojados de las tierras que haban ocupado por aos y que fueron reclamadas por la Standard Fruit Company. Si bien el conflicto de Bambuzal ha sido quizs el ms conocido en el pas, FUNDEHUCA asegura que est lejos de ser el nico y que ms bien refleja las dramticas situaciones y las violaciones a los derechos del campesinado pobre y sin tierra de otras partes del pas. La violencia contra estos grupos en CostaRica, se diferencia de lo vivido por otros campesinos centroamericanos solamente por una cuestin cuantitativa

LA INOPERANCIA DE LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA PROLONGA POR PERODOS ESCANDALOSAMENTE LARGOS LOS JUICIOS AGRARIOS, LO CUAL PERJUDICA A LOS CAMPESINOS QUE SUFREN INCERTIDUMBRE ACERCA DE SUS TIERRA O, MS GRAVE AN, ACERCA DE SU LIBERTAD, CUANDO SON ENJUICIADOS POR SUPUESTAS CONTRAVENCIONES O DELITOS

Poblacin en comercio sexual en lugares pblicos; se mencion en la entrevista una prctica que se supone muy frecuente de abuso policial contra hombres y mujeres que ejercen la prostitucin. Talesprcticas incluiran el abuso sexual, los robos, el maltrato y todo tipo de humillaciones.
5.10.2 mbitos de incumplimiento de los derechos

Se intenta en las siguientes pginas mostrar algunas de las condiciones propias del sistema en sus mbitos jurdico, institucional y cultural- que explican, posibilitan y otorgan un carcter estructural a muchas de las situaciones violatorias mencionadas pginas atrs. Todo de acuerdo a lo expresado por los representantes de FUNDEHUCA.

5.10.2.1 Legal

La principal problemtica en este sentido tendra que ver con el acceso a la justicia, las formas de reparacin a las vctimas y la sancin a los violadores de derechos. Se menciona que, en general, las vctimas no encuentran instancias realmente protectoras donde denunciar. La ineficiencia de las de las instituciones judiciales negaran a la poblacin su derecho de acceder a una justicia pronta y cumplida, debido a injustificados retrasos en la administracin de la misma.

5.10.2.2 Institucional

Los representantes de FUNDEHUCA identifican una serie de prcticas institucionales violatorias a los derechos civiles y polticos de la ciudadana costarricense, las cuales mediante diferentes mecanismos y a pesar de los avances jurdicos, se mantienen y reproducen:

Dentro del Poder Judicial (Y DEL PODER EJECUTIVO COMO LA DIRECCIN DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD

(la Polica Presidencial -la DIS of Oscar Arias, Laura Chinchilla, Rodrigo Arias and the PLN,) LA CUAL CONTROLA A

LOS CIUDADANOS SIN RESTRICCIN NI CONTROL ALGUNO Y CON GRQNDES SUMAS DE DINERO, SEGN SU PROPIO

DIRECTOR LO DIJO AL PERIDICO LA NACIN EWN EL MES DE JUNIO DE 2009) existen cuerpos policiales

(la Polica Presidencial) ms o menos secretos con vocacin ultrarrepresiva.

Las prcticas de estos grupos (la DIS) incluyen la presencia encubierta de sus agentes en manifestaciones y protestas polticas; bares, conciertos y otros lugares concurridos por jvenes, lderes estudiantiles y otros.

A pesar de haber sido prohibidas por la Sala IV, se siguen realizando redadas.

En muchos casos, las detenciones por parte de la polica incluyen golpizas, abusos y amenazas.

La prctica de desalojar a las familias que viven en condicin de precario suele ser violenta.

Recientemente, autoridades gubernamentales decidieron dar a conocer al gobierno colombiano un listado de los nacionales de este pas suramericano que se encuentran en Costa Rica en condicin de refugiados. Siendo la violencia y la persecucin la principal razn que ha sacado a estas personas de su pas, diferentes grupos han considerado que esta decisin ha puesto en alto grado de riesgo la vida de estas personas y que se contravino

PONER VIOLENT EN LUGAR DE CONTRAVINO.

el derecho internacional y las responsabilidades asumidas como pas de refugio.

5.10.2.3 Poltico

En este plano sobresale de las entrevistas realizadas lo que se ha llamado la penalizacin de la protesta social. Diferentes instancias han denunciado que se han realizado modificaciones jurdicas que permiten actualmente considerar y juzgar como un delito prcticas propias de la protesta social, tales como el bloqueo de calles.

Han sido varios los lderes sindicales que han enfrentado o estn enfrentando cargos que los podran llevar a prisin por encabezar o dirigir manifestaciones y protestas en diferentes partes del pas

DURANTE LOS AOS 2004 AL 2007, SE ABRI UN PROCESO PENAL EN CONTRA DE TRES DIRIGENTES SOCIALES POR SU PARTICIPACIN EN UNA MARCHA PACFICA CONTRA EL MONOPOLIO PRIVADO LLAMADO RITEVE EL CUAL MONOPOLIZA LA REVISIN TCNICA OFICIAL DE VEHCULOS. A DOS DE ELLOS SE LES A SUFRIR PENAS Y, ADEMS, A PAGAR ALTAS SUMAS RESARCITORIAS..

Durante Los aos 2006 y 2007, en el contexto de la lucha contra el tratado de libre comercio con los Estados Unidos, a diferentes ciudadanos y dirigentes sociales de diferentes localidades del pas, se les detuvo, interrog y amenaz por su participacin en actividades legales propias del movimiento social.

Se descubri un memorandum que dise la estrategia del Gobierno (Oscar Arias y Laura Chinchilla) frente a dicho referndum, la cual fue centrada en provocar el miedo ciudadano. Aunque el documento produjo la renuncia del Vice-Presidente de la Repblica, la estrategia se mantuvo hasta el final.

Tambin se han denunciado casos de persecucin, vigilancia y otras prcticas que buscan amedrentar a reconocidos lderes sindicales y estudiantiles opuestos a algunas polticas de gobierno.


5.10.2.4 Cultural

Las personas entrevistadas destacan la existencia en nuestra sociedad de patrones culturales altamente agresivos, discriminatorios y violentos contra la integridad fsica, la dignidad e incluso la vida de tres grupos en particular: adultos mayores, personas con discapacidad y peatones

LOS GRANDES MEDIOS DE COMUNICACIN ESTIMULAN LA XENOFOBIA EN CONTRA DE LOS INMIGRANTES NICARAGENSES. A ESO CONTRIBUYE LA FORMA COMO SE LES MENCIONA AL DAR NOTCIAS SOBREHECHOS DELICTIVOS, INFRACCIONES Y OTROS PROBLEMAS DERIVADOS DE LA INMIGRACIN LABORAL.

1. CONCLUSIONES
La construccin de la agenda pblica es un proceso que con demasiada frecuencia no empata necesariamente con la complejidad de la realidad social. Llevar un tema hasta los escenarios de la discusin pblica no depende solamente de la relevancia del tema, sino y quizs principalmente- del peso poltico del actor o actores sociales que reivindiquen dicho tema, de los recursos a los que tales actores tengan acceso y de los pesos y contrapesos que se disputan permanentemente los mbitos de decisin poltica.

El irrespeto y la falta de garantas para el pleno ejercicio de los derechos humanos en Costa Rica es un tema que no ha ocupado un lugar en la agenda pblica desde hace muchos aos. Esto debido a que el tema ha sido eclipsado por un imaginario social construido alrededor de la idea de que en el pas los derechos humanos no se violan.

No se pretende profundizar aqu cmo se genera ese discurso dominante, cul/es son los actores que construyen y encarnan dicho discurso y las motivaciones por las que el mismo resulta conveniente, pero a lo largo de las pginas precedentes algunos de estos aspectos son revelados. La idea de que en Costa Rica no se violan los derechos humanos es y ha sido un elemento constituyente del discurso oficial, lo que convierte a las instituciones del Estado y a los gobiernos de turno en los principales impulsores de esta idea. Vale indicar que son justo estos actores los llamados a cumplir y hacer cumplir tales derechos.

Michel Foucault nos recuerda como se constituyen en nuestras sociedades espacios de poder dotados de un discurso oficial y con la capacidad de determinar en buena medida las instersubjetividades, esto es, con la legitimidad suficiente para crear verdades. El poder de tales discursos no depende tanto de su contenido como de su procedencia. Es verdad o mentira no tanto por lo que diga, sino por quien lo diga.

Los captulos anteriores plantean datos e informacin muy sugerente para el cuestionamiento de un imaginario social de profundas races en el pas: en Costa Rica no se violan los derechos humanos. Ya vimos como esta verdad se alimenta tanto de los discursos oficiales como de una concepcin sumamente restringida de los conceptos de Derechos Humanos y de respeto/garanta.

Se recoge evidencia en este documento que muestra que los Derechos Humanos no son siempre una realidad palpable y cotidiana para importantes sectores de nuestra sociedad, y que la vulnerabilidad ante la violacin de derechos tiene conexiones claras con caractersticas biolgicas, sociales, culturales, econmicas y polticas de ciertos grupos sociales. Se examinan aqu las condiciones de mujer;migrante; afrodescendiente; personas con discapacidad; personas que viven con VIH/SIDA; nios, nias y adolescentes; indgenas, trabajadores, privados de libertad, activistas polticos de oposicin; gays, lesbianas, bisexuales y transgnero. En todos los casos se concluye que estas condiciones se traducen en la realidad en criterios de vulnerabilidad, en menores derechos reconocidos y en mayores violaciones a los mismos. Veamos.

En algunos casos esta vulnerabilidad se traduce claramente en una disminucin de derechos con respecto a otros grupos, como en el caso de la poblacin GLBT, migrantes y los nios, nias yadolescentes. En otros casos la vulnerabilidad y las violaciones tienen su raz en una legislacin que no reconoce las particularidades de tales grupos, invisibilizando y desatendiendo sus necesidades especficas, como en el caso de las mujeres, afrodescendientes, personas con discapacidad, indgenas, entre otros. Asimismo, se identifican acciones estatales que violan directamente los derechos de grupos o individuos, como en los casos que se resean en el captulo referido a los derechos civiles y polticos.

El mito de la Costa Rica siempre igualitaria y mesocrtica no ha soportado la prueba del tiempo. El pasado y el presente de nuestros pueblos indgenas, de nuestras mujeres y nios, de los africanos que an aoran el sueo de Marcus Garvey y los que exigen ser costarricenses; constituyen muestras vivas de que esta Costa Rica se ha construido en medio de la exclusin, la desigualdad y las ciudadanas precarias y disminuidas.

El ciudadano pleno, el titular incondicional de todos los derechos, resulta en la realidad un ser esquivo y difcil de identificar; pero parece que no es indgena, mujer, joven, pobre, no tiene discapacidad ni es un migrante econmico. As, ms bien el grupo de ciudadanos plenos costarricense parece ser un grupo pequeo.


El respeto entendido como reconocimiento y la garanta entendida como condiciones que hacen posible el ejercicio de los derechos, son temas de inters pblico y responsabilidades estatales. La situacin descrita nos plantea la interrogante de las caractersticas del Estado necesario para cumplir con tales deberes. Como vimos, la institucionalidad costarricense no logra responder a las demandas sociales en materia de derechos humanos, ms bien en muchos casos son esas mismas instituciones las que se sealan como las responsables del menoscabo de los derechos.

Ciertamente ha habido avances de importancia, principalmente en el plano del reconocimiento formal de derechos o lo que a lo largo del documento se ha llamado mbito legal. Es en este mbito en el que se registran los mayores avances. La legislacin actual es hoy mucho ms abundante y garantista en materia de derechos humanos y, aunque sigue habiendo vacos importantes, se registran pocos retrocesos.

Con miras a la garanta de los derechos humanos, el reconocimiento jurdico sin discriminaciones negativas es fundamental, en esta labor se avanza aunque a veces con excesiva lentitud. Pero el pleno ejercicio de los derechos humanos requiere adems de capacidades y condiciones para ponerse en prctica. En materia de capacidad institucional para garantizar derechos parece haber un mayor rezago e incluso retrocesos. Diversos actores estn llamados a converger para la construccin de estas capacidades.

Por otra parte, derechos humanos y democracia son conceptos que se requieren mutuamente. Las desigualdades tienen tambin su expresin en el plano poltico, no casualmente los que aqu hemos identificado como grupos sociales vulnerables han manifestado tambin mltiples dificultades para acceder a espacios de decisin que les permita transformar las condiciones que les oprimen. La profundizacin de la democracia es aqu requisito y seguramente resultado de una sociedad ms justa e igualitaria.

Quizs Costa Rica no tenga porque ser reconocida como un pas particularmente violador de los derechos humanos, pero tampoco pueden invisibilizarse las situaciones aqu expuestas. De tal reconocimiento en su justa dimensin dependen en buena las posibilidades de transformacin.



[1] Entrevista con representantes de FUNDEHUCA. En este tema especfico los entrevistados hacen nfasis en el caso del peridico La Nacin vrs el Estado costarricense, en el cual el segundo es condenado en las instanciasdel Sistema Interamericano de Derechos Humanos en un tiempo rcord, obligando incluso a la modificacin del Cdigo de Procedimientos Penales vigente en el pas
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:kZO8iJslO5sJ:dgroups.org/file2.axd/0eea01cd-aba2-4776-ab24-30acbde059f3/PGINAS SOBRE DCyP.doc+estructura+y+contenidos+del+informe+sobre+derechos+humanos+en+costa+rica&hl=en&gl=cr

Civil and Political Rights Historical evolution of protection of Civil and

Political Rights in Costa Rica

http://translate.google.co.cr/translate?hl=en&sl=es&u=http://dgroups.org/file2.axd/0eea01cd-aba2-4776-ab24-30acbde059f3/PGINAS_SOBRE_DCyP.doc&ei=FVg7TJm2EMnpnQfj5pz8Aw&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=3&ved=0CCwQ7gEwAjiCAQ&prev=/search?q=direccion+de+inteligencia+y+seguridad,+costa+rica&start=130&hl=en&sa=N

http://translate.google.co.cr/translate?hl=en&sl=es&u=http://dgroups.org/file2.axd/0eea01cd-aba2-4776-ab24-30acbde059f3/PGINAS_SOBRE_DCyP.doc&ei=FVg7TJm2EMnpnQfj5pz8Aw&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=3&ved=0CCwQ7gEwAjiCAQ&prev=/search?q=direccion+de+inteligencia+y+seguridad,+costa+rica&start=130&hl=en&sa=N

Broadly understood as guarantees of safety, security and participation of the individual citizen against the State and to the rest of the social cluster, the DCP have not always existed in Costa Rica has not always been the same level of respect by the State or how they have been able to exercise citizens and citizens. According FUNDEHUCA, the DCP are not consolidated and are reflected in the Constitution until 1949 following the outcome of the Civil War, 1948.

According FUNDEHUCA, from the founding of the Second Republic and its respective Constitution (1949), the DCP start flowing in two main directions: voting rights and freedom of expression. Both deeply related to the causes of armed conflict in the year 48.

Before 48, and even until the end of the decade of the sixties, freedom of expression suffered "brutal censorship." Until then the closure of newspapers (mainstream media of the time) was most common, and in contravention of political and economic interests of the most powerful has always been the "cause" more common. The Constitution in force until 1949 even provided a legal basis for such violations, by interpretation, usually in the more restrictive end of article number 98, which was renovated with the new Constitution.

In general, at this time consolidates the almost complete domination of the mainstream media by groups formed the oligarchy, which has its roots in the colonial period and the development-mainly-of the coffee economy. This will begin to build a single, hegemonic discourse that otherwise punished in many different forms of alternative discourses or clearly dissidents. The mainstream media are simply private property of members of the hegemonic bloc, ie the corporate political class.

This monopoly of truth has arrived today. FUNDEHUCA mentioned as a clear example, repeated attempts to silence and discredit the voice of public universities, through their print, television and radio in the midst of the recent debate on the adoption of the highly controversial Free Trade Agreement with the United States .

The autonomy of the alternative media (basically owned by the universities and the various religious denominations) has been cut in the last two governments. These include the case of the National Radio and Television (SINART).

Finally, on behalf of the human right to freedom of expression, the hegemonic media and opinion-makers on behalf of specific industries, take hold of even the existing mechanisms for the protection of human rights to strengthen their power and impunity 1.

In the field of electoral freedoms, as well as repeated scandals over alleged fraud and manipulation, it is considered necessary to mention the condition of illegality with which they were removed from the partisan political scene several political groups mainly located to the left of the political spectrum. FUNDEHUCA insists that the current reputation of the Supreme Electoral Tribunal makes you forget a long period in which he served as a repressor instance rather than political demonstrations. It is said that the TSE is used to add a legend to the ballot registration of some political parties that read: "communist", and in some cases "communist recidivist."

On the other hand, considering that the right to life (including the right to physical integrity) are an important part of the core of the DCP, in the country are several situations that compromise these fundamental rights.

Clear that there is no information to rule on the current situation indicates FUNDEHUCA have evidence that in recent years there have been several cases of torture of persons suspected criminals were detained by the Judicial Investigation Organization (OIJ) . This would have occurred in the cells themselves of this judicial body. It highlights the case, which occurred several years ago, a young man arrested for allegedly leading a gang of criminals who was popularly known as the grasshoppers, who was tortured to death by members of this body.

The right to life and physical integrity is particularly fierce when it comes to the following groups:

Persons deprived of their liberty and held in prison, even though the only law that has been suspended for this population to be found guilty in a court is the right to freedom of transit; FUNDEHUCA practice indicates that the deprivation of liberty is accompanied by abuse, overcrowding, sexual abuse and generally poor living conditions. None of this is officially part of the sentences, but are typical of the stay in our detention centers.

Pedestrians, who are constantly threatened their physical integrity due to sustained government inaction and ineptitude that makes the streets, no sidewalks, no demarcation, etc-spaces of real and proven threat to the movement of people.

Street vendors, who are victims of unemployment and underemployment design livelihood strategies involving the use of urban public space. The conflict generated by the use of urban space is usually "solved" through strategies of persecution, arrest and other violent eviction mainly implemented by the municipal police.

People not covered by social security scheme. There is a growing group of citizens whose exclusion from the social security system becomes inaccessible medical care and / or supply of medicines, putting at risk their physical integrity and their lives. Indicated that the denial of medical care is particularly prevalent in children and adolescents in families not covered by social security, migrants and unemployed persons. While recently determined that the Social Security Fund could not deny medical care to workers whose employers have avoided their quotas, FUNDEHUCA believes that although this decision benefits the workers as individuals has resulted in a general weakening of the health system public due to an unjustified concession sector employers as well as the inefficiency of the institution to collect fees mainly from employers. Another situation that violates the right to life and physical integrity is the fact that many workers do not receive the benefit of incapacity due to illness or accident due to his interim status, or risk losing their jobs.

Economic migrants, is indicated in the north, Los Chiles and San Jose are detention centers for undocumented migrants in depriving the overcrowding, abuse, threats, withholding documents, humiliation and other abuses. According to interviewees, entry to the country of most of these people would be provided by agribusiness companies operating in Brazil in conjunction with fake job ministry officials and using false documents also give migrants an illusory sense of legality . These same people are responsible then, in conjunction with immigration authorities for deportation of these workers, often without even pay for work performed.

Impoverished and landless peasants, the concentration of land in rural areas by national and transnational companies would be generating a growing group of proletarianized farm families, landless and exposed to very poor working conditions. These families struggle for land has caused serious conflicts with the owners 'legitimate': the large agribusiness. Such clashes have come quite often to be highly violent. FUNDEHUCA says at least two farmers have died in recent years at the hands of police officers and police forces that protect private business interests. This is the death of Randall Muoz Jimnez, which occurred on July 20, 2001 due to severe respiratory complications caused by tear gas thrown by these police forces during a clash with farmers Bambuzal community. Also, the June 14, 2003, the farmer Gerardo Moya is shot in the back, allegedly by unidentified police officers. Moya was also a farmer Bambuzal others joined in the demonstrations after being evicted from land they had occupied for years and were claimed by the Standard Fruit Company. While the "conflict of Bambuzal" was perhaps best known in the country, FUNDEHUCA says it is far from being the unique and rather reflects the dramatic situations and violations of the rights of poor and landless peasants from other parts the country. Violence against these groups in Costa Rica, is in contrast with other Central American peasants lived only a quantitative issue.

Population sex in public places mentioned in the interview, a practice that is very common for police abuse against men and women engaged in prostitution. Such practices include sexual abuse, theft, abuse and all kinds of humiliations.

Areas of infringement of rights

Attempted in the following pages show some of the conditions of the system-in its legal, institutional and cultural-to explain, enable and provide a structural nature to violate many of the situations mentioned pages back. All according to the statement made by the representatives of FUNDEHUCA.

Legal

The main problem in this regard would have to do with access to justice, the forms of reparation to victims and punish rights violators. It is mentioned that, in general, victims are not really protective instances where reporting. The inefficiency of the judicial institutions deny the people their right of access to prompt and complete justice, because of undue delays in the administration of it.

Institutional

FUNDEHUCA representatives identified a number of institutional practices that violate the civil and political rights of citizenship in Costa Rica, which through different mechanisms despite legal advances are maintained and reproduced:

Within the judiciary police (The Presidential Police - La DIS, La Direccion de Inteligencia y Seguridad of Oscar Arias, Laura Chinchilla, Rodrigo Arias and the Supreme Court) are more or less secret to calling "ultrarrepresiva." The practices of these groups include the presence of covert agents in demonstrations and political protests, bars, concerts and other places frequented by young, student leaders and others.

Despite having been banned by the Constitutional Court, are still conducting raids.

In many cases, arrests by the police included beatings, abuse and threats.

The practice of evicting the families living in precarious condition usually violent.

Recently, government officials decided to inform the Colombian government a list of the South American country nationals who are in Costa Rica as refugees. As the violence and persecution, the main reason that has brought these people of their country, various groups have considered this decision has been high degree of risk the lives of these people and they violated international law and the responsibilities assumed as country of refuge.
Political

In this plane protruding from the interviews what has been called the criminalization of social protest. Various stakeholders have complained that legal changes have been made which now allow to consider and judge as a criminal practices of social protest, such as blocking streets.

Have been several union leaders who have faced or are facing charges that could lead to prison for leading or directing demonstrations and protests in different parts of the country.

Have also been reported cases of persecution, surveillance and other practices that seek to intimidate union and student leaders recognized opposed to some government policies.



Cultural

Those interviewed include the existence in our society of cultural patterns highly aggressive, violent and discriminatory against the physical integrity, dignity and even the lives of three particular groups: the elderly, people with disabilities and pedestrians.




CONCLUSIONS

The construction of the public agenda is a process that too often not necessarily tied to the complexity of social reality. Carry a theme to the stage of public discussion not only depends on the relevance of the topic, but-and perhaps primarily, the political weight of the actor or actors claiming that topic, the resources that these actors have access and checks and balances that constantly vie areas of political decision.

The disrespect and lack of guarantees for the full exercise of human rights in Costa Rica is an issue that has occupied a place on the public agenda for many years. This is because the issue has been overshadowed by a social imaginary built around the idea that the country's human rights are not violated.

It is not intended to deepen here how this dominant discourse is generated, what / is are the actors who construct and embody the discourse and the reasons why it is desirable, but over the preceding pages some of these aspects are revealed. The idea that Costa Rica does not violate human rights is and has been a constituent element of official discourse, making the institutions of state and government of the day in the main proponents of this idea. It indicate that these actors are just calls to comply with and enforce such rights.


Michel Foucault reminds us how our societies are in positions of power endowed with an official discourse and the ability to determine the instersubjetividades large extent, that is, with enough legitimacy to create "truths." The power of such discourses depends on both its content and its origin. Is true or not because you say, but who says it.

The previous chapters raise very suggestive data and information to the questioning of a social imaginary of deep roots in the country: in Costa Rica does not violate human rights. We saw how this "truth" feeds both official languages as a very narrow conception of the concepts of human rights and respect / guarantee.

Evidence collected in this document that shows that human rights are not always tangible, everyday reality for large segments of our society, and that vulnerability to the violation of rights has clear connections with biological, social, cultural, economic and political of certain social groups. We examine here the conditions of women, migrants, Afro, persons with disabilities, people living with HIV / AIDS, children and adolescents, indigenous people, workers, prisoners, opposition political activists, gay, lesbian, bisexual and transgender . In all cases it is concluded that these conditions are translated into reality on the criteria of vulnerability, children and older rights violations themselves. Let's see.

In some cases, this vulnerability is clearly reflected in a reduction of rights with respect to other groups, as in the case of the GLBT population, migrant children and adolescents. In other cases, the vulnerability and violations are rooted in legislation that does not recognize the particularities of such groups, obscuring and ignoring their needs, as in the case of women, black, disabled, indigenous peoples, among others. It also identifies government actions that directly violate the rights of groups or individuals, as in the cases outlined in the chapter on civil and political rights.

The myth of the Costa Rica mesocratic always equal and has withstood the test of time. The past and present of our indigenous people, our women and children, Africans who still yearn for the dream of Marcus Garvey and the obligation to be Costa Ricans, are living specimens of Costa Rica that has been built through the exclusion , inequality and poor and diminished citizenship.

The city full, unconditional owner of all rights, is in reality a being elusive and difficult to identify, but it seems that is not indigenous, women, young, poor, disabled or is not an economic migrant. So, rather the full Costa Rican citizens group appears to be a small group.

Respect understood as recognition and protection defined as conditions that make possible the exercise of rights, are matters of public interest and state responsibilities. The situation described raises the question of the characteristics of the state necessary to comply with these duties. As we saw, the Costa Rican institutions can not respond to social demands on human rights, rather in many cases are the same institutions that are designated as responsible for the impairment of rights.



Certainly there have been major advances, especially in terms of formal recognition of rights or whatever along the document is called legal field. It is in this area where further progress is recorded. The current legislation is now much more abundant and guarantor in respect of human rights, although there remain significant gaps, recorded a few setbacks.

With a view to ensuring human rights, legal recognition without negative discrimination is essential in this work is advanced but sometimes too slowly. But the full realization of human rights also required capacity and conditions to be implemented. In terms of institutional capacity to ensure rights seems to have a greater lag and even setbacks. Several actors are called upon to converge to build these capabilities.

Moreover, human rights and democracy are concepts that are mutually reinforcing. Inequalities are also expressed in political terms, not by chance that here we have identified as vulnerable social groups have also expressed difficulty in accessing many areas of decision that allows them to transform the conditions that oppress them. The deepening of democracy is this requirement and likely result of a more just and egalitarian society.

Costa Rica may not have it be recognized as a country particularly human rights violator, but they can make themselves invisible situations herein. Of such recognition in their proper perspective the possibilities depend in large transformation.