La Policía Presidencial - DIS (de Oscar Arias)           debe ser reformada o desaparecer

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Diversas fuentes consultadas por UNIVERSIDAD coincidieron en el imperativode                      establecer mayores controles sobre ese cuerpo de seguridad. 

El hecho de funcionar como una "policía secreta política", así como la 
ausencia de rendición de cuentas sobre sus actuaciones e inversión de 
recursos que recibe, son los elementos en los que las voces críticas de la 
División de Inteligencia y Seguridad (DIS) se fundamentan para plantear que 
esa instancia sea reformada o de una vez disuelta. 

El tema fue planteado con vehemencia por el Movimiento Libertario, a raíz 
del escándalo desatado por la vinculación del subdirector de la DIS, Roberto 
Guillén, en una investigación por estafa llevada a cabo por la Fiscalía 
General de la República y que implicó el allanamiento de las oficinas de ese 
cuerpo de seguridad. 

En un comunicado fechado el 25 de noviembre, tanto la fracción legislativa 
libertaria como la cúpula de ese partido exigieron al Poder Ejecutivo 
"disolver de manera inmediata" la DIS y trasladar sus fondos al Ministerio 
de Seguridad Pública (MSP), pues está adscrita al Ministerio de la 
Presidencia. 

Para Mario Quirós, miembro de esa fracción, la DIS funciona como un "arma 
política, es una policía secreta política". Añadió que ya se perciben las 
consecuencias de ello: "la centralización de información es caldo de cultivo 
no sólo de manejos políticos de esa información, sino de comportamientos en 
sí mismos delictivos". 

Insistió en destacar que la DIS trabaja a partir de un concepto enteramente 
político, "es muy grave que esté bajo el mando de órganos políticos y no 
rinda cuentas a ningún órgano multipartidario más participativo". 

Debido a que la DIS está bajo la jerarquía del Ministro de la Presidencia, 
Rodrigo Arias, se intentó conocer su opinión acerca de la creciente demanda 
de disolución de este órgano y las acusaciones de los libertarios, pero en 
su oficina de prensa únicamente se limitaron a enviar unas declaraciones 
dadas por él el pasado 26 de noviembre. 

En ellas, Arias expresó que esperará un informe elaborado sobre la DIS por 
una comisión presidida por José Torres, Viceministro de la Presidencia ya 
anunció que  "con base en esa información tomaremos decisiones en lo que 
respecta a la Dirección". 
"SI NO SE REFORMA, DEBE DESAPARECER" 

El origen de la DIS se remonta a 1963, cuando el entonces presidente 
estadounidense John F. Kennedy visitó el país y sugirió a los presidentes 
centroamericanos a crear aparatos de inteligencia para "lograr la 
eliminación" del comunismo, según el libro Los Espías no Bastan, del 
investigador Paul Chaves. 

De acuerdo con esa fuente (que se puede leer en el sitio de la Federación de 
Científicos Estadounidenses -www.fas.org), en setiembre de ese año quedó 
conformada una Agencia de Seguridad Nacional, adscrita al MSP. 

En junio de 1985, el gobierno del entonces presidente Luis Alberto Monge 
decretó el traslado este ente de inteligencia al Ministerio de la 
Presidencia y el secreto de Estado sobre sus informes y documentos internos. 

Muchas instancias, como la Comisión Costarricense de Derechos Humanos 
(CODEHU), a lo largo de los años han sido muy críticas con el trabajo de la 
inteligencia estatal, o lo que se sabe sobre éste. También se han señalado 
vínculos con la Agencia Central de Inteligencia (CIA por sus siglas en 
inglés) de los Estados Unidos. 

En mayo de 1994 se aprobó la Ley General de Policía y en su artículo 13 
constituye formalmente la DIS, que protagonizó su primer gran escándalo en 
1996 por un caso de escuchas telefónicas. 

Hoy quien fuera el primer director de este órgano, Mario Soto, dijo que el 
principal problema es que "hay un empecinamiento de altos y medios bandos 
por seguir con un enfoque propio de la Guerra Fría y ese estancamiento 
motiva la corrupción". 

Soto planteó que la solución radica en una reestructuración, pues los 
servicios de inteligencia modernos se dedican más al análisis, que a la 
recolección de información. 

Añadió que para ese análisis se debe contar con profesionales como abogados 
y criminólogos, capaces de manejar, por ejemplo, el Informe del Estado de la 
Nación. 

"Falta dirección real desde las altas esferas del Gobierno, precisamente 
quienes hablan de globalización y libre comercio no cambian el enfoque de la 
DIS, el Gobierno busca la globalización con una DIS desglobalizada". 

Soto, quien dirigió la institución entre 1994 y 1996, aseveró que "hay que 
colocar cabezas con capacidad académica", al tiempo que destacó que la DIS 
"debe estar al servicio del pueblo primero, y luego al servicio de servicios 
de inteligencia extranjeros, pero a veces parece que no es así". 

"Si no se reforma, la DIS debe desaparecer", concluyó. 
"UNA VERGÜENZA" 

El legislador Mario Quirós detalló que su interés por la DIS se originó 
cuando se conoció un informe producido por esa instancia en la comisión 
especial conformada en la Asamblea Legislativa para investigar el tema de la 
presencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el 
país. 

"La DIS apareció fotografiando personas sin ningún control; lo que ha 
ocurrido revela una situación muy seria, la inteligencia es necesaria en la 
labor policíaca, pero no para ser una policía secreta política", manifestó. 

Quirós cuestionó los ¢2.600 millones que la DIS recibió este año y manifestó 
que esa Dirección "es un profundo menoscabo a la democracia costarricense, 
es una vergüenza que un país sin ejército tenga una policía secreta, eso es 
aún más grave". 

Esa opinión la comparte José Merino, diputado del Frente Amplio, quien 
manifestó haber sido "la primera víctima en este parlamento" de ese cuerpo 
policial. 

Durante la campaña de cara al referendo sobre el Tratado de Libre Comercio, 
el diputado Jorge Eduardo Sánchez, del Partido Unidad Social Cristiana 
(PUSC) divulgó una foto de Merino con Rodrigo Granda, el llamado canciller 
de las FARC, tomada durante una visita oficial. 

Esa misma foto se incluyó después en el informe de la DIS, al cual hizo 
referencia Quirós. 

"Desde el punto de vista democrático la DIS ya era profundamente 
cuestionable, ahora con estos presuntos casos de corrupción en el Frente 
Amplio estudiamos presentar un proyecto para disolverla, sacarla del 
Ministerio de la Presidencia, y constituirla de manera que garantice que no 
va a perseguir o extorsionar a los ciudadanos", manifestó. 

Consultado al respecto, Sánchez manifestó que esa información no le llegó 
por la vía de la DIS y negó tener algún contacto con ese cuerpo policial. 
Sobre el tema puntualizó que el Poder Ejecutivo "tiene la obligación de 
demostrar que clase de policía ha sido la DIS en los últimos dos años y 
medio y cuestiono para qué se usan los recursos que están autorizados, pero 
no planteo la disolución". 

Desde el Partido Acción Ciudadana (PAC), la legisladora Elizabeth Fonseca 
sentenció que "si alguien ha sufrido la persecución política característica 
de la DIS, hemos sido los diputados del PAC, pues nos consta que hemos 
tenido teléfonos intervenidos". 

Fonseca añadió que se requiere hacer una reforma a la Ley de Policía para 
que la DIS regrese al MSP, pues al mando de la Presidencia "es una policía 
política". 

En el oficialismo, José Luis Valenciano manifestó no estar de acuerdo con 
"esa posición extrema" de que exista un organismo específico para la 
seguridad nacional, "máxime que Costa Rica no tiene ejército ni policías 
políticas". 

"Sí debe haber inteligencia y seguridad estatal, pero debe ser un órgano más 
abierto y con mayor control", señaló. 

"La DIS es una clase privilegiada"El Fiscal General Francisco Dall'Anese no 
ha dudado en calificar a la DIS como una "policía secreta", pues "no hay 
rendición de cuentas, no se sabe lo qué hace y no suscriben sus informes". 

Añadió que como no hay controles, la DIS "se usa para lo que ella misma 
quiera. Si no va a ser controlada, hay que desaparecerla". 

"El Presidente de la República, los diputados y los magistrados de la Corte 
Suprema de Justicia se someten a controles y tienen que rendir cuentas de su 
trabajo, pero parece que la DIS es una clase privilegiada que escapa a eso", 
añadió tajante. 

Dall'Anese recordó los casos del líder de las FARC Héctor Martínez Quinto y 
el exguerrillero Libardo Parra, cuya presencia en el país fue del 
conocimiento de la DIS "durante mucho tiempo y no dijo nada". 

También citó los casos de un peligroso secuestrador colombiano quien se 
hallaba en Costa Rica y "se le escapó a la DIS" ;  y de "uno de sus agentes 
que se hizo pasar por fiscal en Panamá". "Ahora un alto funcionario se ve 
ligado a estafas, lo cual evidencia la falta de controles", aseveró. 

Concluyó que "un principio básico de la democracia es que quienes tienen 
poder deben tener controles, no sabemos qué tanto poder tiene la DIS porque 
no sabemos lo que hace". 

http://cu.ucr.ac.cr/noticias/2009/nota09-09.html

https://groups.google.com/group/lavozdelpueblo/browse_thread/thread/7bc42a9f8a0fbddf/ad134ea805894678%3Fq%3D%2522Roberto%2BGuillen%2522%23ad134ea805894678&ei=iGwTS6eaOpW8Qpmqic0O&sa=t&ct=res&cd=23&source=groups&usg=AFQjCNGBd3k-ZDt0I29zd5m65cLxcajCVg?hl=es

 

Consejo Universitario pidió al Gobierno disolver la Policía Presidencial -  

  la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional

Para que Costa Rica sea un país democrático y respetuoso de los derechos humanos y constitucionales debe eliminar la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) y crear una nueva política en materia de seguridad del Estado. Así se pronunció el 18 de marzo el  Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica.

El pronunciamiento señala que aún cuando la DIS surgió oficialmente en 1994 como órgano adscrito al Ministerio de la Presidencia responsable de ejecutar labores de vigilancia para la seguridad del Estado y de sus bienes, el papel que realiza cotidianamente no es ese.
“Por su naturaleza, la DIS es una instancia que no responde a la rendición de cuentas que se exige a la gestión del Estado costarricense”, dice el texto.

Consultada sobre el tema Ivonne Robles, directora del Consejo, aseguró que por ser la UCR un referente para la opinión pública, no pueden callar las violaciones que está cometiendo la DIS. Según el Estatuto Orgánico,  al ser la Universidad una institución pública, autónoma y  democrática, tiene la visión de contribuir a la búsqueda del bien común. “Al amparo de nuestra visión pretendemos que la discusión trascienda del ámbito universitario y así formar un diálogo con la sociedad, capaz de instruir la conciencia lúcida”, agregó Robles.

La idea fue propuesta por Alberto Cortés, miembro del Consejo, quien opina que las garantías y regímenes constitucionales deben ser respetados para concebir al país en la línea democrática.

Con la DIS se ha dado espionaje, persecución, hostigamiento, intervenciones telefónicas. Además, se levantaron expedientes a personas que ven la política distinta a quienes están en el gobierno.

La función de la seguridad del Estado debe existir, pero no sujeta al vaivén del cambio de gobierno, con mecanismos de rendición de cuentas y adscrita a otro ente superior como el que el Fiscal General Francisco Dall’Anese plantea: reforzar la fuerza pública y el Organismo de Investigación Judicial.

También critican la posición del Ministro de la Presidencia Rodrigo Arias, a cuyo cargo está adscrita la DIS,  de reformar el servicio de inteligencia basado en los ejemplos Colombia y Chile.

En opinión de Cortés, “esa misma semana cuando se descubrieron los manejos inadecuados de la DIS en Colombia había un debate porque la Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) había estado actuando como una policía política. El caso de Chile me remite a la experiencia autoritaria anterior. No tenemos por qué copiar modelos ajenos, sino crear nuestros propios referentes”.

El detonante de este pronunciamiento se debe al reciente caso del periodista de origen brasileño Gilberto Lopes y del abogado nacido en Colombia, Carlos Meneses. Ambos solicitaban la nacionalidad costarricense al Registro Civil pero les fue rechazada por encontrarse “anotados” en los expedientes de la DIS que supuestamente los retrataban como una amenaza para la seguridad nacional.

Otro caso que influyó fue la situación del diputado José Merino, a quien durante el proceso del referéndum filtraron una foto en donde se le vinculaba con las FARC en medio del contexto de la “campaña del miedo”. También está la denuncia del diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), José Joaquín Salazar quien incluso fue agredido por un funcionario de la DIS, agregó Cortés.

En el Consejo los  integrantes muestran preocupación por los dirigentes estudiantiles que se involucran en movilizaciones y crean expedientes de ellos, tal como el caso del ex-presidente de la Federación de Estudiantes, José Arévalo.

Con esta iniciativa el Consejo se une a otras instituciones que abogan por la disolución de la DIS, entre ellos la Defensoría de los Habitantes, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, miembros de partidos políticos y el mismo fiscal de la República, Francisco Dall’Anese.

El Consejo se pronunció también en contra de la concesión minera de Las Crucitas, a favor de una moratoria a la actividad piñera y en contra de recortes a los presupuestos universitarios, dijo Ivonne Robles, directora del CU.

UNIVERSIDAD intentó conocer el criterio del director de la DIS y también viceministro de seguridad, José Torres, pero al cierre de esta edición, Pablo Guerén, asesor del Ministerio de la Presidencia, aseguró que el jerarca se encuentra en el extranjero.

http://semanario.ucr.ac.cr/index.php/noticias/universitarias/711-ucr-sugiere-tener-un-modelo-propio-de-seguridad-del-estado-.html

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